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Defendemos a ciudadanos y empresas frente a decisiones injustas de municipalidades, ministerios, SUNAT, SUNARP, OSINERGMIN u otras entidades públicas. Presentamos recursos administrativos, apelaciones y demandas contencioso-administrativas para anular multas, sanciones o resoluciones arbitrarias. También brindamos asesoría en licitaciones y contratos con el Estado. Si una autoridad vulnera tus derechos, nosotros te respaldamos legalmente.
Este delito impacta la salud pública y la seguridad nacional. Engloba actividades como producción, transporte, distribución y microcomercialización de sustancias prohibidas, regulados por los artículos 296 y 297 del Código Penal. Las penas varían entre 8 y 25 años de prisión, dependiendo de factores como la cantidad, el tipo de droga y si hay agravantes (uso de menores o armas). Ofrecemos defensa legal desde la primera diligencia, revisión exhaustiva de cadenas de custodia, y trabajo en estrategias de reducción de penas o mecanismos alternativos.
La usurpación consiste en tomar el control de un inmueble ajeno sin tener derecho, ya sea mediante ocupación violenta, clandestina o por presión. Está regulada por el Art.?202 del Código Penal y conlleva penas de 3 a 6 años de prisión, además de posibles responsabilidades civiles y restitución del bien. Dado que estos casos generan conflictos sociales frecuentes en Lima y provincias, nuestro equipo ofrece asistencia legal completa para propietarios agraviados o para personas que afrontan acusaciones, utilizando alegatos jurídicos efectivos y gestión de mediación extrajudicial.
Se consideran los más graves del orden penal. Incluyen homicidio (intencional o culposo), feminicidio, parricidio, asesinatos ejecutados con alevosía o premeditación, lesiones graves, y delitos conexos. Las penas van desde 6 años hasta cadena perpetua, dependiendo de factores como alevosía, ensañamiento, o víctima vulnerable. En estos casos, nuestra labor es brindar representación especializada, articulada a peritajes forenses, reconstrucción de hechos y defensa técnica argumentativa de alto nivel.
Aplica a miembros activos de las FF.AA o la PNP que cometan delitos en contexto de su servicio, como desobediencia, insubordinación o uso indebido de armas. No se juzga en la vía común, sino ante tribunales militares. La normativa mantiene su propio proceso y penas (variando según la gravedad del acto). Si perteneces a estas instituciones, ofrecemos asesoramiento legal adaptado a esta jurisdicción especial, asegurando tutela jurídica desde la fase investigativa.
Los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometen actos delictivos no ingresan al sistema penal adulto. En su lugar, se aplica el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que privilegia medidas socioeducativas como orientación, internamiento en centros especializados o libertad asistida. Nuestro enfoque es trabajar en el reencauzamiento educativo, gestión de medidas integrales y reintegración social, evitando la estigmatización prematura.
